(Corresponsalía Buenos Aires) – La CGT atraviesa una semana clave en su enfrentamiento con el Gobierno de Javier Milei. Mientras prepara una masiva movilización al Congreso este miércoles y un paro general de 24 horas para el jueves, el foco del malestar interno recae sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no se plegará a la medida de fuerza tras la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
El transporte público funcionará con normalidad, debilitando el impacto del paro nacional. En la cúpula de la central obrera no cayó bien la postura del gremio conducido por Roberto Fernández, a quien acusan de haber convocado a una protesta sectorial el pasado 28 de marzo, en un momento inoportuno. “Podía esperar. El reclamo salarial tenía mejor contexto esta semana”, deslizaron a iProfesional fuentes sindicales con evidente fastidio.
La bronca con la UTA no es menor. Aunque por el momento descartan una expulsión formal del gremio –“aunque el estatuto lo contempla”, advierten–, en la CGT aseguran que la fractura será difícil de revertir: “El enojo está. Esta situación no se olvida fácil”.
El Gobierno, por su parte, juega su propia estrategia. Considera que una movilización de escasa convocatoria será un punto a favor para demostrar la pérdida de poder de la dirigencia gremial, a la que acusa de representar a “la casta”. Además, el oficialismo confía en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aplicará con firmeza el protocolo antipiquete, abriendo una nueva pulseada con los sindicatos.
La movilización al Congreso contará con el apoyo de las CTA –T y Autónoma–, gremios como ATE, y múltiples organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos. La CGT ya se declaró en “sesión permanente” para coordinar la logística y garantizar que todas sus regionales y sindicatos afiliados estén presentes. “Si la UTA no aparece con una columna contundente, me parece que se pudre todo”, advirtió un dirigente del consejo directivo.
En paralelo, crece la presión interna sobre Fernández. Sectores disidentes como la Unión de Conductores de la República Argentina, liderada por Silverio Gómez y Miguel Bustinduy, emitieron un fuerte comunicado exigiendo sumarse al paro y reclamando mejoras salariales y en la obra social.
Desde la Secretaría de Trabajo que comanda Julio Cordero insistieron en que la conciliación obligatoria obliga a la UTA a garantizar el servicio. Si incumple, se expone a duras sanciones, incluso la pérdida de la personería gremial. Aún así, se espera que Fernández brinde explicaciones públicas en las próximas horas.
En el universo del transporte, la decisión de la UTA también generó cortocircuitos en la UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte), que Fernández comparte con Omar Maturano, líder de La Fraternidad. “Hay que acompañar la medida de la CGT”, sostuvo Maturano, uno de los impulsores de un paro de 36 horas y del adelantamiento de elecciones en la central.
Del otro lado, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ya anunció que no prestarán servicios los gremios de aviones, barcos, camiones y ferrocarriles.
Este será el tercer paro general contra la gestión Milei y apunta a repudiar la política económica del Gobierno, exigir paritarias libres, aumentos a jubilados, reactivación industrial, freno a despidos y mejoras en las obras sociales. La CGT ya anticipó una nueva jornada de protesta para el 1° de mayo, Día del Trabajador.
La tensión sube y el clima se enrarece. La Plaza Congreso será escenario de un nuevo round entre el sindicalismo y el oficialismo. La pregunta que sobrevuela es quién capitalizará políticamente la jornada: la CGT, si logra una movilización multitudinaria, o el Gobierno, si logra mostrarla como una expresión menguada de “la casta”.