Una advertencia del fiscal general de Florida volvió a poner al condado de Orange en el centro del debate migratorio. James Uthmeier amenazó con destituir a los comisionados y al alcalde Jerry Demings si no permiten que sus oficiales penitenciarios trasladen inmigrantes a centros federales de detención.
La tensión comenzó tras el rechazo del condado de Orange a una propuesta federal. El 15 de julio, los comisionados de esa entidad, dentro de la cual está la ciudad de Orlando, decidieron no firmar el anexo presentado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que exigía que sus oficiales penitenciarios transporten detenidos migratorios.
Uthmeier calificó esta decisión como una violación a la ley estatal. También acusó a los funcionarios de Orange de adoptar una “política de santuario” y de incumplir con su obligación de cooperar con la aplicación de la ley federal de inmigración.
El martes, a través de una carta, el fiscal general advirtió sobre graves consecuencias si no se revierte la decisión. En ese sentido, indicó que tanto los comisionados como el alcalde de Orange podrían ser destituidos por el gobernador Ron DeSantis si no se aprueba el anexo de inmediato.
En su misiva al condado, compartida en su cuenta de X, el funcionario escribió: “Deben adoptar inmediatamente el anexo de junio y permitir que los oficiales de correcciones transporten a extranjeros ilegales a centros de detención aprobados por el ICE”, escribió Uthmeier.
De acuerdo con Orlando Sentinel, la comisionada de Orange, Nicole Wilson, fue una de las voces más críticas del plan. En la reunión del 15 de julio, instó a sus colegas a rechazar el anexo y sostuvo que el condado debería resistir la presión estatal.
Wilson mencionó que la cárcel del condado enfrenta una crisis de personal. Un informe reciente reveló una tasa de vacancia del 25% entre los agentes penitenciarios. “Nos quieren imponer mandatos estatales y federales cuando apenas tenemos recursos”, denunció.
El alcalde Demings también se manifestó en contra del anexo. Señaló que el traslado de detenidos federales a centros como Alligator Alcatraz, a unos 385 kilómetros, no corresponde al ámbito local.
“Eso no es nuestra responsabilidad. Esa es responsabilidad del gobierno federal, no nuestra”, dijo Demings: “No aceptaré que nuestro personal de correcciones transporte a reclusos federales a otras instalaciones”.
El anexo rechazado forma parte del Acuerdo Intergubernamental de Servicios (IGSA, por sus siglas en inglés). Este convenio permite que la cárcel de Orange aloje detenidos federales. Solo unas pocas instalaciones en Florida tienen este tipo de acuerdos.
El ICE reembolsa 88 dólares por día por cada detenido, pero el condado gasta US$145. Las autoridades locales alegan que ya están subfinanciadas y que asumir el costo del transporte profundizaría el déficit.
De acuerdo con la información de Orlando Sentinel, el fiscal general Uthmeier compartió su carta en X pocas horas después de asistir a un evento. Participó de una reunión de la Asociación de Alguaciles de Florida en ChampionsGate, donde se habría delineado el plan para imponer el anexo.
La Junta de Comisionados volverá a tratar el tema en agosto. De acuerdo con el medio citado, un vocero del alcalde Demings confirmó que se debatirá nuevamente el 5 de ese mes. La decisión podría definir el rumbo de la cooperación migratoria en el condado.