La Unidad de Información Financiera (UIF) analiza un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que involucra a Zefico SA, una sociedad que tiene como único empleado a Santiago Caputo, asesor estratégico del presidente Javier Milei. El caso, que ya generó ruido político y mediático, se centra en el ingreso y posterior traslado de USD 800.000 en operaciones que un banco de primera línea consideró de alto riesgo para el sistema financiero.
Origen de la sospecha
Zefico fue creada en 2021 por Pablo Costa, padre de dos socios actuales. Durante tres años permaneció inactiva. La situación cambió entre abril y junio de 2025, cuando recibió dos transferencias de USD 400.000 cada una, enviadas por los hijos de Costa. Según la explicación familiar, los fondos provendrían de una donación de la madre de Costa.
El problema radica en las inconsistencias patrimoniales detectadas: en su declaración jurada de 2021, la donante declaró “cero patrimonio”, mientras que en 2023 ya informaba un importante capital en efectivo. Esta contradicción llevó al banco a activar un protocolo de prevención y reportar el caso a la UIF el pasado 30 de julio.
Posible triangulación de fondos
Una vez ingresado el dinero a Zefico, este fue registrado como un mutuo de los socios y rápidamente transferido a otras dos compañías: Netafim Argentina SA y Tonka SA. Especialistas en delitos financieros advierten que este tipo de movimientos podría responder a una maniobra de triangulación para dispersar capitales y dificultar su rastreo, una técnica frecuente en operaciones de lavado.
La investigación adquiere un matiz político delicado: la UIF está dirigida por el exfiscal Paul Starc, designado en el cargo con el respaldo directo de Santiago Caputo. En 2024, el propio Caputo impulsó la salida del vicepresidente del organismo, Manuel Tessio, y promovió a funcionarios de su círculo. Esto alimenta las sospechas sobre la independencia de la entidad que ahora debe investigar una firma con la que Caputo mantiene un vínculo laboral directo.
Impacto político y reacción pública
El caso se suma a una serie de episodios que han puesto bajo la lupa al círculo íntimo del presidente Milei, donde Caputo ocupa un rol de operador clave. En redes sociales y espacios opositores, las críticas apuntan tanto a la falta de transparencia como a los conflictos de interés que atraviesan el funcionamiento de organismos de control.
Desde el Gobierno no hubo declaraciones oficiales sobre el avance de la causa, aunque fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que se trata de “operaciones políticas para dañar al Presidente”. Sin embargo, el episodio refleja un patrón de concentración de poder en figuras sin cargos formales pero con amplia capacidad de decisión.
Próximos pasos
La UIF deberá definir si remite el caso al Ministerio Público Fiscal o a contrapartes internacionales. Si se comprueba que el origen de los fondos no está debidamente justificado, podría abrirse una causa penal por lavado de activos. La lupa también está puesta en el eventual uso de la estructura de Zefico como vehículo financiero para fines no declarados.
La investigación sobre Zefico SA no solo interpela la transparencia del asesor presidencial más influyente, sino que expone el riesgo institucional de que los organismos de control se vean condicionados por los mismos actores que deben supervisar. En un contexto de crisis económica y social, el escándalo podría escalar en la agenda política y judicial.