Hace unos días escribimos sobre la audiencia en Comodoro Py la semana del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Un show judicial promovido por el oficialismo fue expuesto, hasta el ridículo, en sus fines políticos de lograr mayor impunidad para los genocidas de la última dictadura cívico-militar.
La intervención de la abogada Myriam Bregman, como parte de la defensa que incluyó a Liliana Mazea, entre otros, fue destacada en distintos medios . Allí denunció el operativo fogoneado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y bendecido por la Sala I de la Cámara Federal porteña (Llorens, Bertuzzi y Bruglia).
La causa que se intenta abrir, a pesar de que cuenta con varios fallos en su contra, se origina en el atentado atribuido a la organización Montoneros, el 2 de julio de 1976, al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba un centro clandestino de detención. Acusando a militantes de los años 70, persigue un “empate de impunidad” que favorezca a los genocidas. Pero tiene el “inconveniente” de tener a Patricia Bullrich en la lista de los acusados.
Detrás del aparente absurdo se esconde algo más simple, como dijo Bregman: «El paso del tiempo». La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes de Obediencia debida y Punto final. Una venganza que explica la acusación a Patricia Walsh, a quien la diputada de izquierda defiende, por ser la autora del proyecto para la anulación.
La defensa y la denuncia de Bregman
Bregman destapó el intento de ocultar la presencia de Bullrich entre los acusados. En su alegato, mostró cómo el nombre desapareció convenientemente de la lista de imputados, dejando al descubierto la manipulación judicial. En foja 153 del expediente se menciona a Bullrich con su nombre de guerra: «Carolina Serrano, cuñada de Rodolfo Galimberti, residió en Francia y México», incluida en momentos que se encontraba a mitad de camino en su peregrinar de la militancia en Montoneros a las huestes de la ultraderecha.
Desde el público de la audiencia se escuchó: “Traigan a Patricia”, a tono con la causa judicial que ser consecuente debería procesar a su funcionaria estrella y uno los máximos referentes del oficialismo en el Congreso.
La audiencia en Comodoro Py fue una clase de cómo funciona la impunidad. Myriam Bregman dejó en evidencia la arbitrariedad y el trasfondo político de la causa. Como le señaló a los jueces, “¿qué eligieron hacer cuando tenían el poder del Estado?: sembrar cadáveres». Años después pujaron por el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. No es serio que vengan a reclamar ‘verdad y justicia’ en 2025”.
El periodista de investigación y escritor especializado en temas policiales Ricardo Ragendorfer afirmó, en el diario Tiempo Argentino, que fue “clave un dato aportado por Myriam Bregman”, durante la audiencia, donde sostuvo que “antes del 2 de julio de 1976 solían ingresar a la morgue dos cuerpos por día. Pero desde el 3 al 7 de julio, el número trepó a 46”.
No hay ningún interés real de “justicia” en esta causa, concluyó la abogada de Walsh. La Cámara Federal la reabrió con el único fin de instalar la doctrina Villarruel: todo acto de resistencia a la dictadura puede –y debe– ser juzgado, aunque eso implique citar a muertos, desaparecidos o gente que ni siquiera integró Montoneros, puntualizó la diputada de izquierda.
No es casual: el ataque a la memoria y la reivindicación de los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia no es sólo una batalla judicial, es una ofensiva política para legitimar el ajuste y la represión. Lo que se juega es demasiado grave para dejarlo pasar.
Frente a la farsa judicial, la respuesta es la movilización: porque la memoria, la verdad y la justicia no se negocian ni se relativizan. Los mismos que hoy quieren “empatar” los crímenes de la dictadura con los de la resistencia, mañana buscarán impunidad total para los genocidas y más palos para los que luchan.