En un intento de evitar tensiones con aliados y frenar el avance de la oposición sobre los vetos de Javier Milei, el vocero Manuel Adorni dijo que la medida se está “considerando”.
En un intento por desactivar una posible nueva derrota legislativa, el Gobierno anunció que evalúa un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, se conoció media hora antes de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para tratar la anulación de varios vetos del presidente Javier Milei, entre ellos, el que dejó sin efecto la ley de emergencia para ese sector.
“El Gobierno nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, expresó Adorni en su cuenta de X. Y agregó que la intención es “priorizar la atención de las personas que están dentro de este grupo y fortalecer las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.
La ley vetada por el Ejecutivo había sido sancionada con amplio respaldo parlamentario y la oposición asegura contar con los votos necesarios para revertir la decisión en Diputados con los dos tercios requeridos. Si se logra esa mayoría especial, el expediente pasará al Senado, donde también se necesitará el mismo umbral para dejar sin efecto el veto.
El anuncio de la Casa Rosada parece un movimiento calculado para evitar que el oficialismo quede aislado políticamente. En palabras de Adorni, el eventual aumento permitiría “asegurar un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”. Además, explicó que la medida se haría posible gracias a los recursos liberados tras auditar pensiones por invalidez “mal otorgadas” y eliminar “curros de muchos años”.
“El objetivo es avanzar en una agenda de mejoras para el sector, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”, sostuvo el portavoz, aunque no dio precisiones sobre montos, plazos ni el instrumento legal que se utilizaría para implementar la suba.
Durante las últimas semanas, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores realizaron protestas en distintos puntos del país para reclamar mayor financiamiento.
Además de la emergencia en discapacidad, la sesión de Diputados también incluye otros temas sensibles, como el veto presidencial a la fórmula de actualización jubilatoria, el rechazo al financiamiento para las zonas afectadas por el temporal en Bahía Blanca y Coronel Rosales, y proyectos impulsados por gobernadores que ya cuentan con media sanción del Senado. Entre ellos, la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un nuevo esquema de reparto del impuesto a los combustibles.
El pasado lunes, el Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.