Florida entró en una nueva etapa de regulación migratoria desde julio de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis aprobó distintas leyes que transformaron la vida cotidiana de miles de residentes. Se trata de normas que abarcan desde restricciones en licencias de conducir hasta cambios en el acceso a la educación superior, y también para generar mayores facultades para las fuerzas del orden en cooperación con agencias federales.
La ley SB 2-C se convirtió en la pieza clave de este paquete legislativo. Su alcance es amplio y toca diferentes aspectos de la vida social y legal de los extranjeros en Florida. La norma endureció penas, modificó definiciones y creó estructuras estatales para centralizar la aplicación de las políticas migratorias.
Otra de las normas aprobadas fue la SB 830, dirigida a controlar las embarcaciones que transportan extranjeros hacia la península. Esta ley creó un marco legal específico para lo que denominó “embarcaciones migrantes”, generalmente construidas de forma precaria y utilizadas en travesías arriesgadas.
Con estas medidas, Florida refuerza su política de disuasión frente a las llegadas marítimas al limitar los canales que muchos extranjeros han utilizado históricamente para alcanzar las costas de Florida.
La tercera norma en entrar en vigor fue la HB 915, orientada a frenar prácticas fraudulentas en la oferta de servicios legales de inmigración. Este tipo de engaños fueron recurrentes en comunidades vulnerables, donde notarios o consultores sin licencia se presentan como asesores legales.
Con la HB 915, el Estado buscó blindar a los inmigrantes frente a abusos que históricamente generaron pérdidas económicas y falsas expectativas de regularización.