(Corresponsalía Buenos Aires) – El presidente argentino, Javier Milei, ha sugerido recientemente la exclusión de la carne del cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), argumentando que su precio es altamente volátil y distorsiona la medición real de la inflación. Esta propuesta ha generado controversia, especialmente porque no se han considerado ajustes similares para otros bienes y servicios cuyos precios han aumentado significativamente en los últimos meses.
En febrero de 2025, la desinflación en Argentina se detuvo, registrándose un incremento del 2,4% en el IPC mensual y acumulando un 66,9% interanual. Los sectores más afectados fueron los alimentos, con la carne a la cabeza, además de alquileres y tarifas de servicios básicos como gas y electricidad. El gobierno celebró este dato como parte de un proceso de desinflación iniciado en 2024.
Sin embargo, mientras se debate la exclusión de la carne del IPC, otros servicios esenciales han experimentado incrementos notables. En junio de 2024, el gobierno liberó los precios de la telefonía móvil, internet y televisión por cable, eliminando los topes tarifarios que habían sido impuestos por la administración anterior. Esta medida permitió a las empresas ajustar sus tarifas en función de las condiciones del mercado, lo que derivó en aumentos significativos para los consumidores.
Además, el ajuste fiscal implementado por la administración de Milei ha afectado a la clase media argentina. La reducción de subsidios en servicios básicos como gas, electricidad y transporte ha disparado sus costos, dejando a muchas familias luchando para cubrir sus necesidades esenciales. La inflación en productos esenciales ha superado significativamente los ingresos, afectando especialmente a sectores vulnerables como jubilados y niños.
La propuesta de excluir la carne del IPC ha sido vista por algunos analistas como una estrategia para presentar cifras de inflación más favorables. No obstante, la omisión de otros aumentos significativos en servicios esenciales podría ofrecer una visión incompleta de la realidad económica que enfrentan los argentinos. La transparencia y la inclusión de todos los componentes relevantes en la medición de la inflación son fundamentales para reflejar fielmente el costo de vida y diseñar políticas públicas efectivas que aborden las necesidades de la población.