La justicia masista finalmente ordenó el traslado de Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro hasta Santa Cruz. El gobernador cruceño deberá asistir de manera presencial a su juicio oral por el caso Decretazo.
La audiencia está fijada para este viernes 25 de julio en la capital oriental. Esta decisión llega luego de catorce intentos fallidos de traslado. Todos fueron impedidos por incumplimientos de Régimen Penitenciario.
El fallo fue resultado de una acción de libertad presentada por la defensa de Camacho. La sentencia constitucional que ordena el traslado es de cumplimiento obligatorio.
El abogado Martín Camacho aseguró que ya no existen excusas administrativas. Dijo que cualquier incumplimiento ahora constituiría un delito penal. Se notificó formalmente a Chonchocoro el 15 de julio.
El proceso judicial por el caso Decretazo se basa en el Decreto Departamental 373. Mediante ese decreto, Camacho delegó sus funciones en 2022 a un secretario y no al vicegobernador.
Esta acción fue considerada contraria a la Constitución y al Estatuto Autonómico. La Fiscalía acusó al gobernador de emitir resoluciones ilegales. El juicio debía comenzar a inicios de este año.
Sin embargo, la audiencia fue suspendida catorce veces por la falta de traslado. Las autoridades penitenciarias alegaron falta de presupuesto y combustible. También mencionaron bloqueos y problemas de seguridad.
La defensa respondió que esas eran excusas sin sustento legal. Finalmente se logró un fallo que exige la presencia de Camacho en el tribunal.
El abogado Martín Camacho explicó que el fallo judicial es claro. No admite recursos ni apelaciones posteriores. La sentencia dispone que el traslado se cumpla de inmediato.
Además, el gobernador deberá permanecer en Palmasola durante el juicio. Así lo establece también la resolución judicial vigente.
Negativas del régimen
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La última negativa se produjo en junio de este año. La directora de Régimen Penitenciario en La Paz se negó a gestionar pasajes. Argumentó limitaciones logísticas sin presentar informes válidos.
Ante esa situación, la defensa activó la acción de libertad. Y ahora la justicia falló a su favor.
Además del caso Decretazo, Camacho enfrenta otros procesos. El más avanzado es el caso Golpe de Estado I. Está en la etapa final, esperando alegatos y sentencia.
También hay una investigación por la compra de un carro bombero. Y un proceso inconcluso por el paro de los 36 días en 2022.
La defensa acusa al Gobierno de obstaculizar el juicio del caso Decretazo. Señalan a los ministerios de Gobierno y Justicia como responsables.
También mencionan a la Procuraduría por presentar apelaciones innecesarias. Alegan que intentaron imponer audiencias virtuales sin sustento legal. El tribunal había ordenado que las sesiones sean presenciales.
Según los juristas de Camacho, ya no hay excusas que justifiquen una nueva demora. La notificación a Chonchocoro se hizo conforme a ley.
El traslado debe ejecutarse antes del viernes 25. Si no se cumple, presentarán nuevas acciones legales. Aseguran que harán respetar la sentencia constitucional.
Secuestrado por el régimen
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El Gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, es una figura clave de la oposición al masismo. Su detención generó un fuerte debate nacional e internacional, por la forma en la que actuó el régimen socialista.
Sectores consideran su prisión como parte de una persecución política. Otros la ven como un acto de justicia por su rol en 2019. La tensión crece a medida que se acerca la audiencia.
El juicio del viernes podría marcar un punto de inflexión. No solo por el contenido del caso Decretazo.
También por la exigencia ciudadana de que se respeten los fallos judiciales. Si se concreta el traslado, se romperá una cadena de incumplimientos. Y se abrirá una nueva fase en el proceso penal contra Camacho.
En el plano político, Camacho mantiene influencia desde la cárcel. Respaldó la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina.
Camacho, continúa siendo el líder de Creemos, pese a las divisiones internas. Su traslado también tiene implicaciones electorales. Y puede reactivar la oposición regional desde Santa Cruz.